El presidente de Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, objetó a que sea el Consejo Económico y Social (CES), conduzca el dialogo nacional, tras afirmar que sería inconstitucional y políticamente ilegitimo debido a que dicho órgano pertenece al Estado.
En una alocución al país, transmitida por una red de medios de comunicación a nivel, Fernández advirtió que dicha propuesta resulta inapropiada, debido a que conforme al artículo 251 de la Constitución de la República, el Consejo Económico y Social se creó como órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral.
Indicó que la Carta Magna, expresa de manera específica: “La concertación social es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social. Para promoverla habrá un Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral, cuya conformación y funcionamiento serán establecidos por la ley 142-15.”
El expresidente de la República explicó que esa ley, en su artículo 3, indica que “el Consejo Económico y Social es un órgano consultivo y de concertación social del Poder Ejecutivo, de carácter nacional, intersectorial e interterritorial, de carácter permanente, adscrito al Ministerio de la Presidencia.”
Sostuvo que ese mismo texto legal precisa la competencia del Consejo Económico y Social, al señalar que coordina sus trabajos con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, así como con el Ministerio de Trabajo.
“El Consejo Económico y Social, que el gobierno aspira organice y conduzca el dialogo para solucionar la crisis política e institucional ocasionada por el intento fallido de fraude electoral del pasado 16 de febrero, es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo, adscrito al Ministerio de la Presidencia y coordinado con otros Ministerios”, dijo el presidente de FP.
Dijo que al ser un órgano del gobierno, está descalificado políticamente para servir de organizador del referido dialogo nacional.
“Más aún, siendo el gobierno un actor de principal importancia en la crisis generada, carece de la legitimidad para organizar y dirigir un dialogo cuyo propósito es, precisamente, superar la crisis de confianza que actualmente existe con respecto al propio gobierno y a la Junta Central Electoral”, sostuvo.
Estocada para la democracia
Fernández consideró que aceptar participar en un dialogo cuyo organizador carece de las facultades constitucionales para hacerlo, y carezca de legitimidad política para impulsarlo, sería contrario al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho al que se aspira.
Añadió que sería una nueva estocada institucional a la democracia dominicana.
Expresó que no es su deseo impugnar las cualidades de honorabilidad y de capacidad de las personalidades integrantes de dicho Consejo Económico y Social, de los cuales está conscientes de que podrían hacer una importante contribución en la búsqueda de soluciones de la actual crisis que agobia al país.
“El establecer la inconstitucionalidad del referido órgano consultivo del Poder Ejecutivo para ser el centro de gravitación del dialogo nacional, no constituye una mero acto de formalidad legal. Se trata, más bien, de que bajo cualquier circunstancia y condiciones, resulta imprescindible respetar y hacer respetar nuestra Constitución”, enfatizó Fernández.
El tres veces presidente de la República, señaló que Fuerza del Pueblo y la coalición de partidos aliados, consideran que lo más importante es que se produzca el dialogo y que este contribuya a superar la crisis de confianza que se ha generado con relación a la Junta Central Electoral.
Asimismo, que permita la realización de procesos electorales que garanticen el respeto a la expresión de la voluntad popular.
“Somos del criterio de que la sociedad dominicana debe acudir a los comicios programados para el 15 de este mes de marzo y el 17 de mayo de este año”, dijo Fernández.
Explicó en su discurso, que la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero causón consternación e indignación en la población dominicana.
Indicó que como consecuencia, reinaba un espíritu de desconfianza y de enojo frente al gobierno y las autoridades de la Junta Central Electoral (JCE).
Asimismo, expuso que frente a esa situación, la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), el Partido de la Unidad Nacional (PUN) y la Fuerza Nacional Progresista (FNP), se dirigieron al país ese mismo día, con la finalidad de proponer un dialogo con la participación de diversos sectores de la vida nacional, para construir un consenso que permitiese la búsqueda de una solución pacífica, democrática e incluyente a la crisis institucional generada por la suspensión del proceso comicial.
Encuentros y consultas
El exmandatario también recordó que sectores de gran influencia y representatividad del mundo político, empresarial, religioso y de la sociedad civil, se incorporaron también a los esfuerzos de buscar consenso y se produjeron encuentros, consultas y acuerdos preliminares para proceder en la dirección del dialogo.
Refirió que la agenda se concentraba en tres puntos esenciales, siendo el primero la conformación de una comisión de acompañamiento a la Junta Central Electoral, el segundo, al establecimiento de garantías electorales para los dos próximos procesos, o sea el de las elecciones municipales del 15 marzo y las presidenciales y congresuales del 17 de mayo.
Manifestó que el tercer punto de la agenda era “establecer las responsabilidades de lugar a propósito de la suspensión del torneo electoral del 16 de febrero.
“Los distintos sectores involucrados en la realización del dialogo han estado de acuerdo en estos puntos de agenda. De igual manera, entre los partidos opositores hubo, en principio, un acuerdo con relación a quienes serían los integrantes de la Comisión de Dialogo, sus acompañantes y facilitadores”, sostuvo.
Explicó que también se tomó en consideración al Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Conferencia del Episcopado, un representante de la Iglesia Evangélica; Participación Ciudadana, por la sociedad civil; y una destacada figura nacional. Además e estimó la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.
elcaribe.com
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